La migración de mujeres centroamericanas a la frontera sur, como de mexicanas hacia la del norte, está marcada por el tráfico de personas en el que intervienen autoridades y pandillas. Las cifras no existen y algunos estudios apenas permiten asomar el rostro más desconocido y perverso de la humanidad.Aunque cada país tiene sus reglas, el origen de la migración es la pobreza, agudizada cada vez más por políticas neoliberales que hacen a los pobres más pobres y a los ricos más ricos, señalan expertos que se reunieron en esta ciudad para participar en el Congreso Internacional Frontera Sur, México país de tránsito.Migrar es el último recurso ante la crisis; es la última frontera de la esperanza de una vida mejor. Al igual que las mexicanas en Estados Unidos, las hondureñas y las guatemaltecas en México, las nicaragüenses en Costa Rica, las fronteras convierten las esperanzas en pesadillas. Pero México es para Centroamérica la parte más estrecha del embudo.Muchas o casi todas las mujeres centroamericanas que cruzan de manera ilegal las fronteras sufren violencia sexual en su larga travesía hacia Estados Unidos, coinciden representantes de pastoral social que desde hace años establecieron casas para las y los migrantes en Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y México.Con la imagen muy reciente de dos jóvenes guatemaltecas violadas y asesinadas en la primera quincena de junio en Tapachula, Chiapas, el sacerdote de nacionalidad brasileña, Ademar Barilli, asegura que las mujeres están totalmente vulnerables en esa frontera, donde pasa todo y todos hacen como que no pasa nada.En la frontera México-Guatemala, la oferta de ayuda para pasar a las migrantes viene de todos: funcionarios federales, estatales o municipales, policías judiciales, preventivos o municipales, coyotes... mientras las pandillas, como los maras o maras salvatruchas, han exacerbado la violencia sexual contra las mujeres, sobre todo del lado mexicano.En entrevista, Miguel Antonio Arévalo Galdámez, de El Salvador, coincide con el padre Ademar Barilli, al asegurar que la violencia sexual es común en esta frontera y son las autoridades quienes muchas veces incurren en la comisión de este tipo de delitos en contra de las migrantes.Como sucede en toda la región, explica, cada mes salen unos 6 mil salvadoreños hacia Estados Unidos, de ellos se estima que un 10 por ciento son mujeres que abandonan su país debido a la pobreza, cada vez más profundizada por la política neoliberal, que ha dado serios golpes a la economía salvadoreña con la venta de empresas estatales a manos privadas, principalmente en el área de telecomunicaciones.Esta no es una situación de la que escapen las mujeres –explica Arévalo Galdámez– que ven en la migración su última oportunidad, pero sólo unas cuantas consiguen llegar a Estados Unidos, el resto permanece en la frontera o trabaja bajo cualquier nivel de explotación como empleada doméstica en los estados vecinos del sur de México.Las otras, las que permanecen en la frontera, son sometidas al comercio sexual, entre ellas están muchas menores de edad de entre 12 y 15 años, pero nadie ve nada y nadie lo puede resolver.Por otra parte, Shirley Anibale Guerra, religiosa y coordinadora de la Pastoral Movilidad Humana, de Honduras, reconoce la existencia de esta problemática, misma que se agudiza por organismos que trafican con las mujeres, que bajo la promesa de llegar a Estados Unidos, van a parar a Japón o Canadá.En ese sentido, Guerra sostuvo que sería necesario que México y los países centroamericanos busquen mecanismos reales de cooperación para combatir la corrupción y terminar con la explotación sexual de miles de mujeres, además de impedir el tráfico ilegal de personas, que lamentablemente cada vez se combina más con el narcotráfico.Destacó que el tráfico de personas es el segundo negocio más rentable del mundo, sólo superado por el narcotráfico y seguido de la prostitución, pornografía y tráfico de armas. Se estima que cada año al menos unas 50 mil personas son víctimas de fraude, coerción o secuestro.Tal como sucede en México y Guatemala, Costa Rica es un polo de atracción para muchos migrantes nicaragüenses que bajo condiciones de explotación se emplean para la cosecha de café, caña de azúcar y otros productos que ofrece la nación centroamericana, cuya frontera no es la excepción de la regla.En la frontera que conforman estos dos países, el comercio sexual se nutre de mujeres con cuerpos de niñas, caras bien pintadas para disimular los pocos años, explica Delfilia Dávila Ruiz, de Pastoral Social de Costa Rica, quien afirma que esta situación es resultado de la utilización de políticas migratorias cada vez más severas.En Costa Rica, añade la entrevistada, las nicaragüenses no sólo son explotadas sexualmente, ya que su precariedad las obliga a tomar trabajos como empleadas domésticas en malas condiciones, discriminación, intensas y extensas jornadas de trabajo, maltrato físico y verbal, salarios bajos, acoso y hostigamiento sexual.Situación similar viven las trabajadoras domésticas en Tapachula, Chiapas, donde, según un estudio de la Casa del Migrante Tecún Umán, de San Marcos Guatemala, el 90 por ciento son guatemaltecas, algunas salvadoreñas y otras hondureñas, cuyos salarios no superan 400 pesos mensuales.Además, enfrentan violaciones a sus derechos laborales como despidos injustificados, retención de salarios, falta de prestaciones sociales, jornadas excesivas de trabajo, hostigamiento, maltrato, calumnias, acoso sexual, maltrato físico o verbal y discriminación racial.En esa misma ciudad del sur de México, mujeres de entre 14 y 24 años son trabajadoras sexuales: 40 por ciento viene de Guatemala, 35 por ciento de Honduras, 25 por ciento de El Salvador; sólo el uno por ciento es de otra nacionalidad, pero todas se enfrentan al abuso de autoridades sanitarias, así como a la violencia sexual de los dueños de bares y los clientes. Asimismo, existe alta práctica de abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de estas mujeres.Casualmente, y a pesar de los muchos testimonios, las cifras sobre violencia sexual no está documentada en las fronteras, lo que sí se sabe es que en Guatemala se cometieron hasta el 58 por ciento de los actos antijurídicos contra migrantes en el primer semestre de 2002, y que fueron Chiapas, seguido de Oaxaca, las entidades mexicanas donde también se violaron con más frecuencia los derechos de las y los migrantes.Se documentan de igual manera como delitos más comunes el abuso de autoridad y el robo agravado, además de citar que fueron individuos desconocidos los que más actos delictivos cometieron contra migrantes, seguidos de las policías judicial, municipal y del Instituto Nacional de Migración, así como elementos del ejército y la policía de la vía férrea.Lo cierto, quizá lo único cierto de esta realidad, como asegura el padre Pedro Pantoja Arreola, es que ni el gobierno, la sociedad y ni siquiera la iglesia han podido detener el grito desesperado, la cárcel o la muerte de las y los migrantes en la olvidada frontera sur de México.información producida por cimac, comunicación e información de la mujerdisponible para periodistas y medios de comunicación impresos y electrónicos.
