Frente a representantes de los poderes de la Unión, el presidente
Enrique Peña Nieto realizó ayer en Palacio Nacional el lanzamiento del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA), acto en el que señaló que ante a la indignación
ciudadana por la proliferación de este cáncer social, es imperativo ser
autocríticos y vernos en el espejo. Acto seguido, recordó el caso de la llamada Casa
Blanca y reconoció: en carne propia sentí la irritación de los
mexicanos. La entiendo perfectamente; por eso, con toda humildad, les pido
perdón.A 19 meses de que se difundió el
presunto conflicto de intereses asociado a la casa de su esposa, Angélica
Rivera, la ceremonia solemne de promulgación de las leyes del SNA sirvió de
escenario para una autocrítica, ante la representación de los poderes Judicial
y Legislativo, y casi todo su gabinete, en primera fila el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, involucrado en un caso similar.El mandatario indicó: “en noviembre de
2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó
gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además
de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad,
también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y
en esto, reconozco, cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la
ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó
la confianza en el gobierno”. La referencia, una suerte de acto de contrición de un hecho que ni los
legisladores del PAN, Roberto Gil, ni del PRD, Jesús Zambrano, se habían
atrevido a invocar en la solemne ceremonia, le valió al Presidente una
prolongada ovación, la única que interrumpió su discurso.Peña Nieto atribuyó a ese errorsu
convencimiento para relanzar el modelo de combate a la corrupción ofrecido
inicialmente como presidente electo, pero relegado ante reticencias políticas. Cada
día, a partir de ello, estoy más convencido y decidido a combatir la
corrupción. De ahí la importancia del sistema nacional con el que estoy comprometido
y el que habré de impulsar con toda determinación. Estoy seguro de que en
México habrá un antes y un después de este sistema.En el presídium estaban no sólo
representantes de los poderes Judicial y Legislativo, sino también
prácticamente el gabinete en pleno, a excepción del titular de la Secretaría de
la Función Pública, Virgilio Andrade, utilizado para sortear el escándalo
desatado en noviembre de 2014 por la Casa Blanca y que,
cumplida la tarea de haber exculpado al Presidente –en agosto pasado–, dimitió
ayer al cargo.Esta vez la convocatoria no fue tan
amplia como en otras ocasiones el Presidente ha requerido para el lanzamiento
de sus más ambiciosos proyectos sexenales. La plana mayor de gobernadores
–presente en anteriores ocasiones– estuvo ausente, incluidos aquellos señalados
de presuntos actos de corrupción.Sólo tres gobernantes locales acudieron
a la cita, todos provenientes de alianzas de la oposición: Gabino Cué,
presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores; Graco Ramírez,
de Morelos, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
quien aprovechó el casual encuentro con Peña Nieto para acordar un acercamiento
más formal y dirimir diferencias.La ausencia de la clase política
estatal fue cubierta por una masiva afluencia de representantes de la sociedad
civil, a quienes todos los oradores, desde el Presidente hasta los
legisladores, reivindicaron como protagonistas centrales de este nuevo modelo
para combatir la corrupción.Este fenómeno fue reconocido y asumido
por todos como problema central de la nación, bajo las más diversas
definiciones e inverosímiles metáforas.Un cáncer social, resumió Peña
Nieto; una amenaza al estado de derecho y sistema democrático, alertó
Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Los representantes de la nación
asumieron la imperiosa e inaplazable obligación de erradicar este
problema, presente en todos los ámbitos del gobierno, ante el acelerado
desgaste de la credibilidad de las instituciones.Concluido el acto, la Presidencia de al
República se apresuró a difundir el desenlace que tuvo el convenio efectuado
entre Ingeniería Inmobiliaria del Centro –del Grupo Higa– y la esposa del
Presidente sobre la casa ubicada en Sierra Gorda, el cual fue dado por
concluido el 11 de diciembre de 2014.Al finiquitarse el convenio de
compraventa del inmueble, éste regresó a posesión de la empresa, aunque nunca
se transmitió, por tratarse de un contrato con reserva de dominio. Por lo que
ahora, Rivera –según la información de la Presidencia– no tiene relación
alguna con el inmueble, es decir, ni la posesión ni la propiedad.
