sábado, 26 de junio de 2021

AUNQUE NOS CUESTE TRABAJO

 













Los cambios a la Constitución en 2017 y a la Ley Federal del Trabajo en 2019 “no son materia acabada, son apenas el punto de arranque”, advirtió contundente Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral (OCRL). Ese organismo, junto con la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), presentaron seis iniciativas de reforma para el mundo del trabajo que presentarán al Congreso una vez que inicie la nueva legislatura en septiembre.Los temas que proponen tienen que ver con subcontratación laboral, libertad y democracia sindical, inspección laboral, violencia contra las mujeres en el ámbito del trabajo, personas migrantes y trabajo infantil. “El espíritu de este paquete de iniciativas es una profundización” a la gran reforma laboral, señaló Aleida Hernández. La investigadora feminista, especialista en derecho, es una de las autoras de la propuesta en materia de género.En conferencia de prensa presencial y por Internet, integrantes de la RMS y del OCRL explicaron de qué van estos trabajos. Algunos temas son más populares que otros, como comentó el abogado Germán Reyes. Los menos: trabajo infantil y el reconocimiento de derechos laborales de personas migrantes, especialmente de las que llegan a México desde Centroamérica. Pero en ello radica otro punto importante de este paquete.Ambos organismos ciudadanos, junto con integrantes de la academia, el sindicalismo, el feminismo y la defensa, el litigio y el asesoramiento a personas trabajadoras, han incidido ya en los cambios legislativos en materia laboral de los últimos años. Lo han hecho desde cada uno de sus espacios y con el proyecto Más reformas, mejor trabajo.Por primera vez en la historia de México, el Poder Legislativo mostró una apertura y “estas organizaciones, estos personajes, nos vimos presentes. Pudimos, cuando menos alertar, sobre lo que apreciábamos”, apuntó el doctor Alfonso Bouzas. Esta novedad no es ajena “al cambio de gobierno”, consideró. Y por lo visto, seguirán aprovechando esa oportunidad.Una nueva instancia de inspección laboral“Lo más fácil es decir: ‘que no haya subcontratación’, pero la realidad terca ya nos la impuso y nuestra obligación es pensar, proponer y presionar” para que esté lo mejor regulada posible, dijo Alfonso Bouzas, coordinador jurídico de las seis iniciativas.El cambio de régimen en el país implica que “hoy tenemos que pensar para todos” y no polarizar. Legislar para el desarrollo empresarial y para las personas trabajadoras. “Es decir, la mayoría de la población que vive de esa vieja costumbre de trabajar por un salario”.Por ejemplo, sobre este tema de subcontratación, desde la red y el observatorio generaron por lo menos 10 versiones de una reforma en la materia. “Siempre con algún elemento nuevo, con una visión diferente, con una reflexión que recogía la historia del debate y cualificaba el saldo”.Sobre la inspección laboral, proponen reformas a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y al Reglamento General de Inspección y Sanciones. Plantan la creación de una “institución rectora”. Actualmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y cada una de las secretarías locales tienen una unidad que se encarga de ese control.“La inspección está fragmentada entre locales y federal, y en ese camino se pierde la vigilancia del cumplimiento. Nuestra iniciativa propone concentrarla en una sola entidad”, explicó el abogado laboral Germán Reyes. Esta idea está sustentada en las sugerencias del convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las agencias de empleo privadas, “que el gobierno mexicano no ha ratificado”, agregó.Según la OIT, citó, en los países con inspección fuerte y efectiva del cumplimiento de la normatividad laboral se ha disminuido el número de casos que llegan a las instancias de justicia. Sin embargo, la vigilancia debe ser pensada por sectores y por tamaño de empresa, apuntó.Mujeres, infancias y migrantesEn la reforma laboral de hace cuatro y dos años “quedaron en el tintero” varios temas, dijo Aleida Hernández. En materia de violencia contra las mujeres se obliga a las empresas a crear protocolos de atención en conjunto con los sindicatos, “pero no se nos dijo cómo, qué tendrían que tener, cómo debían funcionar”, y la propuesta de Más reformas, mejor trabajo da la pauta.La iniciativa que construyó la investigadora junto con las abogadas feministas Andrea Medina y Dafne Anaya plantea una ruta sobre cómo crear procedimientos internos, instancias para la atención, sanciones y un seguimiento a los protocolos.También retoman los conceptos de violencia y acoso en el mundo del trabajo del Convenio 190 de la OIT. En ese documento el organismo internacional indica las agresiones puede suceder en el lugar de trabajo, donde se paga, en el sitio de descanso o donde ingieren alimentos.Y si ocurre en los trayectos de casa-trabajo o en un viaje o algún otro momento que se relacione con el trabajo, también será considerada violencia laboral. Además, no sólo contempla el acoso presencial, sino el que perpetúan por las comunicaciones digitales.Sobre la erradicación del trabajo infantil piden la armonización de convenios internacionales con la LFT y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La apuesta es por la “participación activa de esa población, que sea sujetos de derechos”, explicó Flor González, responsable de esta iniciativa.También plantean que en casos de explotación laboral infantil las autoridades de inspección y las de las procuradurías de protección a esta población actúen juntas. “Que elaboren planes individualizados de restitución de derechos y no se concentren en imponer sanciones” para no criminalizar a las familias. La pobreza en México está directamente relacionada con que miles de niñas, niños y adolescentes tengan que trabajar, apunto.Rita Benítez destacó también la iniciativa sobre derechos laborales de personas migrantes en México. “Es la primera vez que se llevará al Congreso” una propuesta como ésta, que contempla cambios a la LFT y a la de Migración. Lo que pretenden es “que se reconozcan los derechos de esas personas, sin importar su calidad migratoria”.