El excluyente de responsabilidad, de una acción proveniente de una obediencia jerárquica, apareció como una figura jurídica que libera al ejecutante de un actuar ilegal, cuando ha sido acatada como orden de su mandante y fidelidad a su ordenador antes que a la misma ley. Tal precepto de relajación fue principalmente dirigido para los subordinados de la policía y el ejército, por lo que los soldados no tenían ninguna responsabilidad sobre el cumplimiento de la orden, sobre el robo, destrucción y desaparición de urnas electorales ya que provenían de una acción de obediencia, de igual manera que los asesinatos estudiantiles o cualquier abuso o ilegalidad emitida por su superior jerárquico. Sin embargo la lealtad de un miembro de nuestras fuerzas armadas debe ser más que una simple obediencia de un dedo señalador que emite ordenes, en razón de que su matrimonio real es con la patria y el pueblo de México y no con sus Jefes en turno. Por tal razón a ningún miembro de esta honorable Institución, se le puede restar responsabilidad en cuanto a la descomposición social y ejecuciones en contra de los valores militares, humanos y patriotas. De no quererse cumplir una orden mal intencionada o en perjuicio de sus protegidos; para ello existe la rebelión justificada que es consecuencia de una negativa a aquellas ordenes que dañan o atentan contra la patria defendida y que provienen de un superior jerárquico. Así como también el enfrentamiento ante los malos gobernantes que originan un Golpe de Estado. Por lo que los pecados del Ejército mexicano deben ser asumidos principalmente por la parte ordenadora pero también por aquellos ejecutores que son solapados ante sus propios tribunales militares, aún cuando sus acciones fueron derivadas de un ordenador apátrida. Los crímenes a estudiantes, el empleo de la fuerza desmedida, que son abusos tolerados u ordenados por parte de el Presidente de la República que está en turno y quien de manera indivisible también tiene la investidura de Jefe Supremo de las Fuerzas armadas, son la violación a la Constitución que fue jurada para cumplir y hacer cumplir por el mandatario en turno, y que derivan en acciones imperdonables por parte de las Fuerzas armadas que inconstitucionalmente han aceptado suplir a las fuerzas policíacas y que han mutilado su funcionamiento y posible evolución de éstas, al realizar retenes contra ciudadanos que se tratan como delincuentes, así como acciones de opresión y espionaje que han traído como consecuencia, una primera etapa de militarización del país, por la cual tanto se afanó Felipe Calderón al llegar a la presidencia ilegitima y que quiere culminar, el actual presidente de la República, y que comenzó con este propósito al desaparecer ala Secretaría de Seguridad Pública, para convertirla en una oficina chica de la Secretaría de Gobernación en complicidad con el legislativo para que así, el poder ejecutivo, legislativo y Judicial sean entregados al ejército, más aún ahora, que en el nuevo proceso penal mexicano; la policía es parte fundamental en el proceso acusatorio recién estrenado en los tribunales. En armonía a la línea trazada para la militarización de toda América latina, se pretende que el Presidente de la República sea el primer policía del país y jefe autorizado de un espionaje dirigido a controlar libertades y exterminar oponentes, no sin antes inducir a los gobernados a oponerse al cambio, basados en el temor y la opresión y la manipulación para unirse a criticar políticas interiores como la de Venezuela y Estados Unidos e ignorar el proceso de militarización de nuestro país, mismo que va más allá de cualquier muro fronterizo que pueda construirse y que SE dirige para el control de cualquier pueblo hambriento e inconforme con su situación económica, política y laboral, con la acción de un sometimiento a las determinaciones de su gobierno y a la protección de la industria energética, petrolera y minera en manos de extranjeros. Mientras por una parte se señalan como peligros para México a aquellos que todavía no gobiernan y quizás nunca gobernaran por otro lado se perfuman aquellas acciones que convierten a México en un Estado fallido y bajo un piloto automático, dirigido a la pérdida de soberanía no solamente territorial sino política, cultural y de derechos y valores humanos.
