Por el caso de la escuela Enrique Rébsamen, la jefa
delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que presentó una
denuncia penal en contra de la dueña del inmueble, Mónica García Villegas, así
como en contra de Alejandro Zepeda Godínez y Miguel Ángel Guerrero López,
quienes eran los directores Generales de Jurídico y Gobierno de Tlalpan en 2010
y 2014, respectivamente. Sheinbaum explicó que obras de ampliación en la
escuela fue lo que ocasionó que se dañaran elementos estructurales, lo que
habría ocasionado que el edificio se desplomara durante el sismo del pasado 19
de septiembre.La jefa delegacional indicó que entre enero y diciembre de 2014
el lugar estuvo presuntamente clausurado con sellos, aunque todo se resolvió
con el pago de una multa por 21 mil pesos, lo que la delegada consideró como
“indignante”.De acuerdo con el expediente, el 23 de junio de 2010, bajo la
administración de Higinio Chávez, el director Jurídico y de Gobierno ordena una
visita de verificación por la construcción de un cuarto piso de lo que se dice
será un gimnasio. El 13 de agosto de ese año se resuelve clausurar el lugar y
que se proceda a la demolición del cuarto nivel. Para el 23 de agosto de 2010,
se ordena clausurar y multar con 5% del valor de la construcción al Colegio
Enrique Rébsamen; sin embargo, Shienbaum aseguró que no hay evidencia en los
expedientes de que se haya cumplido jurídicamente.Tres años después, el 3 de
noviembre de 2013, la Dirección de Obras y Servicios Urbanos declara
improcedente una solicitud de una construcción menor en el lugar, ya que se
detecta que no es así, y el 12 de diciembre siguiente, la Dirección Jurídica y
de Gobierno realiza una visita de inspección.Para el 31 de enero de 2014 se
determina clausurar y multar con el 5% del total de la obra y 300 días de
salario mínimo al colegio. La delegada indicó que presuntamente se colocaron
sellos y el 12 de diciembre de ese año se levantaron los sellos.“Al momento del
análisis técnico se observó que se están realizando trabajos de demolición de
estructuras de concreto armado del tercer y cuarto nivel, dañando elementos
estructurales que afectan la estabilidad de la construcción, eso le dice la Dirección
de Obras y Servicios Urbanos al director Jurídico y de Gobierno, se cierra el
expediente jurídico con 21 mil pesos”, explicó la jefa delegacional en
conferencia de prensa.
