Cuando se dijo que la propiedad social sería una parte importante de la nueva constitución de la Ciudad de México y que la carta capitalina sería una ley de avanzada como ejemplo de las reformas que debería sufrir la Carta Magna del país; se debatieron varios puntos de un derecho moderno, pero menos y nunca se debatió sobre la función lucrativa de los Notarios quienes son y han sido desde su origen, unos vividores del derecho. El principio de su existencia jurídica consistió en comprar el nombre de un Santo para actuar en su representación y otorgar fe de los actos de los que debiera dar constancia. Actualmente su labor es la misma, con la diferencia de que en vez de usar el nombre de un Santo, utilizan el número de una Notaría y lucran de manera excesiva para otorgar Fe Pública a actos jurídicos que pueden costar un porcentaje del valor del bien en cuestión y en donde el fedatario lo único que tiene que hacer es estampar una firma de constancia cuando en la mayoría de los casos ni siquiera estuvo presente en el acto. Sin embargo el cargo de Notario resulta un regalo político, económicamente y socialmente redituable a cambio de favores cuando el gobernante o funcionario en turno lo requiera, ya que a dichos escribanos, no se les acusa de corruptos, ni de vividores, ni de influyentes a beneficio de los poderosos, cuando en la realidad son unos parásitos que se dicen hacer labor social cuando forman programas como "El mes del Testamento", en donde en vez de reducir sus ganancias, lo que sucede es que aumentan. La formalización de la propiedad es un derecho de interés público que la ley ha vendido al mejor postor para beneficio de los Notarios que cobran honorarios que impiden que varios propietarios puedan poner en orden sus bienes, incluso aquellos, que son sustento único de su familia. Si bien es cierto, la Fe Pública es importante para determinados actos jurídicos en cuanto a su seguridad legal, también es cierto que la intervención del notario podría ser sustituida mediante Juzgados de lo Notarial, en donde por medio de una solicitud o jurisdicción voluntaria, se acudiera a un Juez para que se levante un acta por medio de la cual, el secretario adscrito a dicho juzgado, pudiera dar Fe y formalizar los actos que requieren la intervención Notarial y así evitar lucrar con la seguridad social que tanto se defiende en un sistema de gobierno cuya base principal, se ha vuelto la propiedad privada y no el bienestar social. En un México crítico se ha logrado cuestionar la actividad presidencial, la actividad legislativa, la actividad religiosa e incluso en fechas recientes al intocable ejército mexicano; menos la acción lucrativa notarial sobre un derecho público.
