Si bien el mandatario Enrique Peña no hará uso de la iniciativa preferente para el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso, desde el año pasado comprometió el envío de al menos dos iniciativas de ley.
Se trata de una reforma en materia de justicia laboral —como parte de un paquete de justicia cotidiana— y cambios legales para su homologación con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual entró en vigor en diciembre del 2014.
Del 1 de diciembre del 2012 -cuando tomó las riendas de la Presidencia-, a la fecha, el priista sólo ha utilizado en una ocasión la figura de “iniciativa preferente”, precisamente para que se procesara en poco tiempo la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Este domingo, el gobierno de Peña anunció que no enviará ninguna iniciativa preferente en el periodo de sesiones que abarca del 1 de febrero al 30 de abril. El argumento para no hacer uso de tal herramienta legislativa es que en la agenda de las cámaras impere la discusión y construcción de sus propios acuerdos parlamentarios.
Fue el 2 de diciembre del 2015, en el marco de la publicación del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que Peña anunció que para este 2016 habría prioridades en la materia.
Por ejemplo, la elaboración de un programa nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes; de un sistema nacional de información sobre niñas, niños y adolescentes, y el envío este 2016 de iniciativas de reformas a diversas leyes, para homologarlas con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dos días más tarde, el 4 de diciembre del 2015, Peña informó que en el periodo de sesiones del 2016 presentará una iniciativa de reforma en materia de justicia laboral, que incluirá la transformación y modernización de las juntas de conciliación y arbitraje.
De manera adicional, la SEP ha anunciado que promoverá un calendario escolar más flexible, que se pueda acomodar a las necesidades de cada región y comunidad escolar, y por ello se presentará una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación.
